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Su primer presidente fue José Chipoco Rivero. Los vocales fueron Pedro Carbajal, Miguel Tudela y Felipe Osorio
Por Ítalo Sifuentes Alemán
En 1828, el 21 de mayo, el Congreso de la República emitió un decreto con la siguiente aprobación: “La Villa de Tacna debía ser denominada Heroica Ciudad”; en menos de una semana, es decir el 26 de mayo, la ley que estableció ese reconocimiento fue promulgada por el presidente de la República, José de la Mar, quien de 1822 a 1823 había sido jefe de la Junta Gubernativa del Perú.
En 1821, el 28 de julio, el Perú había proclamado su independencia nacional, pero, diez años antes, Francisco Antonio de Zela y Arizaga había dado en Tacna, junto a otros adelantados patriotas, el primer grito de libertad contra el virreinato. Aquello fue el 20 de junio de 1811. Estaba casado con la tacneña María de la Natividad Siles y Antequera. El decreto de 1828 fue el justo reconocimiento al primer departamento que se pronunció por la independencia del Perú.
Otro hecho histórico en Tacna ocurrió 28 años después, es decir el 15 de setiembre de 1856, fecha de la ley de creación de la Corte Superior de Tacna, emitida por la Convención Nacional de Diputados, durante la presidencia provisoria de Ramón Castilla, reconocido por su patriótica participación en el logro de la independencia peruana. Antes de dicha creación, los asuntos judiciales del departamento se ventilaban en la Corte Superior de Arequipa.
Los vocales de esta corte juraron el cargo el 15 de junio de 1857. Sus integrantes fueron José Chipoco Rivero, Pedro Carbajal, Miguel Tudela y Felipe Osorio. Fue presidida por Ildefonso de Zavala, benemérito prefecto del departamento de Tacna.
Fue elegido secretario de la Corte Superior de Tacna, Manuel Vásquez; como relator y procuradores: José Cirilo, Julio Rospigliosi, Manuel Barrios, Vicente Espinoza, Fortunato Osorio, Mariano Valcárcel.
El 15 de junio de 1857, la instalación de dicha corte judicial fue conducida por el prefecto Ildefonso de Zavala. Ese día, las nuevas autoridades judiciales dieron sus respectivos discursos de orden: el presidente, José Chipoco Rivero, manifestó: “La ley impone a los jueces la obligación de velar por la conservación de la vida, honor, propiedad y demás derechos del hombre. Tan preciosos objetos requieren probidad constante, severa imparcialidad y profundo conocimiento de las leyes. Contad que de nuestra parte no se restará esfuerzo, trabajo ni sacrificio para corresponder dignamente a la confianza”.
